Veto presidencial y discapacidad: ¿ajuste fiscal o discriminación inconstitucional?
Introducción
El veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Discapacidad desató un debate de fondo: ¿puede un gobierno priorizar el equilibrio fiscal por sobre derechos humanos esenciales?
El reciente fallo que declaró inconstitucional el veto abrió nuevas discusiones en materia constitucional y de derecho internacional, y puso a la Argentina en el centro de una controversia sobre el alcance del poder presidencial frente a los límites de la Constitución y los tratados internacionales.
El fundamento fiscal del veto
El presidente Javier Milei defendió su decisión alegando que la ley no tenía financiamiento asignado y que aplicarla comprometía el ajuste fiscal, eje central de su programa económico.
El veto fue presentado como un acto de responsabilidad institucional, necesario para evitar un “cheque en blanco” que pondría en riesgo la sostenibilidad presupuestaria.
La perspectiva de derechos humanos
Diversos juristas y organizaciones sociales sostienen que el veto implicó una restricción regresiva de derechos.
- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) obliga al Estado argentino a garantizar el acceso efectivo a prestaciones básicas.
- La Constitución Nacional protege el principio de progresividad de los derechos sociales: una vez reconocidos, no deben retroceder sin una justificación extrema.
El juez Adrián González Charvay, en su fallo del 18 de agosto, destacó que el veto suponía una discriminación indirecta, lo que tensiona la compatibilidad entre la política fiscal y las obligaciones de derechos humanos.
¿Ajuste necesario o discriminación encubierta?
El dilema jurídico puede sintetizarse en dos ejes:
- Ajuste fiscal necesario: visión del Ejecutivo, que prioriza la responsabilidad y el equilibrio macroeconómico.
- Discriminación y retroceso en derechos: visión de jueces, legisladores y grupos afectados, que sostienen que la austeridad no puede justificar la vulneración de derechos adquiridos.
Este contrapunto no solo divide la política argentina, sino que también podría convertirse en un precedente regional respecto a cómo los Estados equilibran las demandas fiscales con los estándares internacionales de derechos humanos.
Conclusión
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad se convirtió en un caso testigo: ¿qué pesa más, la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, o la obligación de garantizar derechos aun a costa de mayor presión impositiva, emisión o inflación?
La respuesta no es meramente coyuntural: marcará un precedente clave para futuros debates jurídicos y políticos en Argentina y en la región.
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